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La Ley de la Memoria Histórica deja un legado de unos 250.000 españoles.

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AGENCIAS – MADRID – 29-12-2011
El plazo para pedir la nacionalidad en virtud de la Ley de la Memoria Histórica finalizó el pasado martes día 27 de diciembre, después de tres años en los que más de 200.000 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo han obtenido ya la condición de españoles. El período para que pudieran optar a la nacionalidad los hijos y nietos de quienes huyeron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 se abrió el 27 de diciembre de 2008, un año después de que las Cortes aprobaran la Ley de la Memoria Histórica.

Colas en las oficinas consulares durante el último día para solicitar la nacionalidad española.
A fecha del pasado 31 de agosto, se había concedido la nacionalidad a 213.787 personas y se habían presentado un total de 378.862 solicitudes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La estimación es que en los últimos cuatro meses del año, la cifra de nuevos nacionalizados pueda rondar los 250.000 y que una vez que se complete el estudio de los expedientes que se presentaron hasta hace unos días, se superen los 300.000, han apuntado a Efe fuentes del Gobierno.

La Ley de la Memoria Histórica establecía como beneficiarios las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad debido al exilio.
De las 378.862 peticiones presentadas hasta final de agosto, unas 348.000 son de hijos de exiliados (92 por ciento) y más de 24.000 de nietos.

El resto, unas 6.000, son de descendientes de primer grado de exiliados nacidos en España que pudieron ya optar a la nacionalidad tras la reforma del Código Civil de 2002. Ante el elevado número de solicitudes, el Gobierno acordó a comienzos de 2010 una prórroga que finalizó el pasado día 27 para que las oficinas consulares tuvieran tiempo suficiente de tramitar los expedientes.

Por países
Los países de Iberoamérica acaparan el 95 por ciento de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.
En Cuba, 66.000 personas han recibido ya el pasaporte español y la previsión es que al final del proceso lo obtengan unos 180.000 -cerca del 1,7% de la población de la isla-, según los cálculos del Consulado de La Habana.
Para aspirar a la nacionalidad, los interesados han tenido que aportar algún justificante que acredite la condición de exiliado de su abuelo o abuela. 
Son válidos los resguardos de haber recibido alguna prestación por exilio o el certificado de las oficinas de refugiados de Naciones Unidas o de los países de acogida que asistieron a los españoles y a sus familias que huyeron.
También se han aceptado informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que cuenten con archivos de exiliados reconocidos por la autoridades españolas.

Menores de 18 años
Los hijos de quienes hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica pueden a su vez optar a ella, siempre que sean menores de 18 años. La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, Ludivina García, ha valorado que los derechos otorgados con la ley a los familiares de quienes se vieron obligados a renunciar a ella al huir de España.

Sin embargo, García, en declaraciones a Efe, ha considerado que esta posibilidad ‘debería ser un proceso permanente, sin fecha límite’, que se incorporara al Código Civil. Por su parte, los consulados han advertido que en este mes de diciembre han agotado las citas previas y así, en algunos lugares como en México han llegado a recoger hasta 3.000 solicitudes sin citación previa. Por otra parte, García ha destacado que los ‘temores infundados’ que había cuando se abrió el plazo de que podría haber 2,5 millones de nuevos españoles ‘se han demostrado falsos’ y las cifras han sido mucho más reducidas.

Censo exterior
El aumento del número de nacionalizados ha tenido su traslación en el censo de españoles residentes en el exterior, al que se accede automáticamente tras registrarse en la oficina consular.

A comienzos de diciembre de 2008, un mes antes del comienzo de la presentación de solicitudes, el CERA tenía inscritos 1.237.893 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El último censo -con fecha del pasado 1 de noviembre- contabiliza 1.502.174 personas, lo que supone 264.281 más que hace tres años. En este período, donde más ha aumentado el censo electoral de emigrantes ha sido en Argentina (58.025); Cuba (44.541); México (22.118); Venezuela (19.375) y Francia (10.601).

Sin embargo, apenas ha habido repercusión en los índices de participación electoral, puesto que menos de un 5 por ciento de los inscritos en el CERA votaron en los comicios del 20N.

En México
Cientos de mexicanos apuraron al último día del plazo para solicitar la nacionalidad española, que expiró el pasado martes 27 de diciembre. La cónsul general adjunta de España en México, María Palacios, señaló a Efe que desde que el 27 de diciembre de 2008 se abriera el plazo se han recibido 37.000 solicitudes. ‘La proporción de denegación es baja, así que se espera que el número final de nacionalidades otorgadas se parezca a ese’, indicó Palacios. En cualquier caso, explicó que eso no será hasta dentro de unas semanas, cuando se disponga de los datos definitivos. ‘De momento es provisional’, agregó. La cónsul adjunta explicó que ha sido en diciembre cuando más instancias se han recibido, y tanto fue así que las citas previas que el consulado otorgaba se agotaron y se tuvieron que recoger hasta 3.000 solicitudes sin cita.

En Argentina
Unos 100.000 argentinos nietos de emigrantes han gestionado la ciudadanía española y la mayoría la obtuvieron en los últimos tres años, informaron fuentes consulares en Buenos Aires. Estas fuentes señalaron que desde noviembre pasado hasta ahora se han registrado unas 10.000 al calor de la ley que beneficia a los nietos ‘de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio’, según reza el texto normativo. Las asociaciones de descendientes de emigrantes españoles se han quejado de que las leyes migratorias de ese país siguen siendo ‘discriminatorias’ y de que el Gobierno de Madrid no ha facilitado las tramitaciones al excluir la posibilidad de llevarlas a cabo por medio de internet, en especial en países extensos como Argentina.

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