Lunes, 23 de mayo de 2011.

El populismo xenófobo se ha convertido en componente ineludible de la escena política en un buen número de países europeos. Aprovechando la erosión de los referentes políticos tradicionales del eje izquierda-derecha, estas fuerzas políticas han introducido con éxito el tema de la inmigración en la agenda política con objeto de capitalizar el creciente malestar de la ciudadanía. Los sentimientos de desencanto de los ciudadanos no aciertan a encontrar un referente ideológico y político que les dote de sentido, lo que abre un considerable nicho electoral para aquellos que sean capaces de canalizar la fuerza de la indignación (La política paralizada por el miedo, Germán Cano, EL PAÍS, 13-5-2011). El inmigrante es utilizado como catalizador de la incertidumbre y de la percepción de vulnerabilidad que afecta a las sociedades posindustriales contemporáneas. En este contexto los argumentos de que los inmigrantes son responsables de los principales problemas sociales (inseguridad, desempleo), abusan de los sistemas de protección social, o que suponen una carga para el Estado de bienestar de la sociedad receptora, pasan a formar parte de un discurso con amplio eco social.
Como son jóvenes y no pueden perder tiempo de trabajo, van menos al médico que los españoles
Durante la pasada campaña electoral la utilización del discurso antiinmigración por determinados partidos y “empresarios políticos” se ha hecho particularmente visible en algunos municipios de Cataluña. A pesar de su carácter localizado, este fenómeno debería ser observado con preocupación ya que podría estar señalando una tendencia de la política española en los próximos años. La experiencia de otros países europeos nos muestra cómo el surgimiento del populismo xenófobo viene a reorganizar radicalmente el mapa político de un país: no solo introduce una nueva fuerza en el mercado político, sino que conlleva un cambio de estrategia en el resto de los partidos que se ven tentados de incorporar parcialmente los objetivos y el estilo de los populistas. La consolidación de este tipo de partidos tiene además una influencia considerable sobre las políticas públicas, como resulta claramente visible estos días en los casos de Italia, Francia o Dinamarca.

Fruto del vertiginoso aumento de la inmigración experimentada en la última década, algo más del 12% de la población residente actualmente en España es extranjera. El verdadero efecto llamada de estos inmigrantes, en su mayoría de países en vías de desarrollo, hay que buscarlo en el modelo de crecimiento económico vigente en nuestro país durante los últimos lustros, basado en el desarrollo de sectores de actividad intensivos en factor trabajo y baja productividad (construcción, agricultura). El déficit de cuidados producido por la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, insuficientemente apoyada por el Estado de bienestar, generó también una fuerte demanda de mano de obra femenina para el sector doméstico.

Los análisis del impacto de estos flujos migratorios sobre la economía y las finanzas públicas españolas arrojan un balance claramente positivo. La inmigración ha contribuido al desarrollo de nuestro país, favoreciendo el crecimiento del empleo y permitiendo la supervivencia de importantes sectores de la economía española. En el ámbito concreto del Estado de bienestar, los inmigrantes han actuado también como contribuyentes netos, fundamentalmente por su mayor juventud y alta tasa de actividad. Uno de los ejemplos más evidentes se refiere al sistema de Seguridad Social. En la actualidad, menos del 1% de los perceptores de pensiones son extranjeros, aunque estos representan más del 10% de los afiliados. A pesar de que el desempleo está afectando de manera particularmente importante a la población extranjera (con una tasa de paro superior al 30%, frente al 18% de los autóctonos), el porcentaje de extranjeros afiliados al INSS ha permanecido prácticamente invariable durante los últimos años. Así, el sistema de Seguridad Social no ha incurrido en déficits, como había ocurrido en anteriores periodos de crisis, pese al sustancial incremento de la factura de las prestaciones por desempleo.

Los efectos netamente beneficiosos de la inmigración para las arcas de la Seguridad Social se reproducen en el resto de ámbitos del bienestar. La proporción del gasto social dedicado a la población inmigrante ha ido creciendo en los últimos años (del 1% del gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% y 6% respectivamente en 2007), aunque sigue siendo considerablemente inferior a su peso relativo en la población total. El uso que los extranjeros hacen del sistema sanitario es inferior al de la población española (consultan un 7% menos al médico de cabecera y un 16,5% menos al especialista). Además, pese a que las tasas de pobreza de latinoamericanos, africanos y asiáticos son sustancialmente superiores a las de los autóctonos (más del 30% de ellos se encuentran por debajo del umbral del 60% de la mediana de la renta, frente a algo más del 18% de los españoles), en 2008 los extranjeros representaban tan solo el 11,2% de perceptores de rentas mínimas de inserción, y el 13,7% de los usuarios de los servicios sociales.

Sin embargo, pese a la aportación claramente positiva que la inmigración supone para el Estado de bienestar, la opinión pública española tiende a percibir a los inmigrantes cada vez más como “acaparadores” de recursos públicos. Así, el porcentaje de personas que cree que los inmigrantes reciben del Estado “más” o “mucho más” de lo que aportan pasó del 36% en 2006, al 52% en 2008. Más de la mitad de los encuestados opinaba también que, a igualdad de ingresos, los inmigrantes reciben más ayudas escolares que los españoles, y un 46% compartía esta misma opinión en relación con las prestaciones sanitarias. En 2008, la mayoría de la población española se mostraba, por primera vez, partidaria de restringir la entrada de inmigrantes a nuestro país.

Si bien las actitudes de rechazo a la inmigración son más frecuentes entre personas con bajo nivel educativo y económico, mayor religiosidad, mayor edad y/o orientación ideológica más conservadora, la experiencia de otros países nos demuestra que el apoyo a partidos populistas xenófobos procede de sectores sociales muy diversos, incluyendo a desencantados con los partidos tradicionales. La creciente actitud de desconfianza hacia los inmigrantes constituye así un potencial caladero de votos para “empresarios políticos” dispuestos a aplicar una estrategia populista xenófoba.

La concentración de poblaciones de origen inmigrante en determinados barrios y municipios ha dado, sin duda, lugar a desajustes entre demanda y oferta de prestaciones y servicios de protección social, lo cual se traduce en masificación y deterioro de la calidad de dichos programas, algo directamente observable por los residentes de estas zonas que tienden a responsabilizar a los recién llegados de dicha degradación. Ante esta situación, la intervención de las Administraciones públicas resulta crucial para reducir la percepción de competencia por recursos escasos que alimenta actitudes xenófobas. Ante una débil respuesta pública puede acelerarse la desafección de las clases medias por los servicios públicos, así como un aumento del rechazo hacia los nuevos residentes por parte de aquellos segmentos de la población autóctona que continúan dependiendo de los esquemas públicos de protección social. La consecuencia de ambos procesos es la pérdida de legitimidad del Estado de bienestar, y por tanto el cuestionamiento de su sostenibilidad en el medio y largo plazo.

La llegada de las poblaciones de origen inmigrante debería ser considerada como una oportunidad para identificar los puntos débiles de nuestro sistema de protección social. Aprovechándose de estas debilidades y contradicciones, el populismo sintoniza con las inquietudes de una parte de la ciudadanía, pero las soluciones que propone no resuelven los problemas de fondo, tan solo estigmatiza a los inmigrantes. Los Gobiernos regionales y locales surgidos de las urnas en las elecciones de ayer, en colaboración con el resto de Administraciones públicas, tienen ante sí, por tanto, un doble reto: articular políticas que den respuestas efectivas a los nuevos desafíos planteados por la inmigración, y garantizar la sostenibilidad futura del Estado de bienestar.

María Bruquetas Callejo es profesora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Ámsterdam. Francisco Javier Moreno Fuentes es investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Ambos son autores del libro Inmigración y Estado de bienestar en España, publicado en la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social La Caixa.

Tomado de: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Inmigracion/Espana/sale/ganando/elpepiopi/20110523elpepiopi_10/Tes
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